Reforma de Estatutos

La entidad regulada por los presentes Estatutos se denomina JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, en adelante «la JAC» o «la Junta». Es un organismo de acción comunal de primer grado.

La JAC es una expresión social organizada, autónoma, multiétnica, multicultural, solidaria y defensora de los Derechos Humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil. Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y organizativa, cuyo propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación, la construcción de paz y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, a partir del ejercicio de la democracia participativa.

La JAC desarrollará sus actividades dentro del territorio del Barrio Los Profesionales del Municipio de Armenia, comprendido dentro de los siguientes límites:

• NORTE: Rincón de Andalucía y Providencia
• ESTE: La Nueva Cecilia
• SUR: La Nueva Cecilia — Bosques La Palma de Sorrento
• OESTE: Coliseo del Café

Para todos los efectos legales, el domicilio de la JAC es el Municipio de Armenia, Departamento del Quindío, República de Colombia. La sede social se ubica en la Calle 6N N.° 17-72 del Barrio Los Profesionales.

La Junta tendrá duración indefinida. Se disolverá y liquidará por voluntad de sus afiliados, por mandato legal, o cuando la entidad de IVC lo determine previo el debido proceso, conforme a las causales de disolución previstas en la Ley 2166 de 2021.

Conforme al artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, son objetivos de la JAC, entre otros:

• Promover y fortalecer en el individuo el sentido de pertenencia a su comunidad.
• Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia participativa.
• Planificar el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad, articulándose con los entes territoriales.
• Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo comunal.
• Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del Estado y empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantía, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de desarrollo territorial (literal f del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021).
• Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario, y celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales.
• Participar en los mecanismos de planeación participativa del Municipio, incluyendo Fondos de Participación Ciudadana, Presupuestos Participativos y demás instrumentos de inversión comunitaria.
• Promover, ejercitar y gestionar ante las entidades territoriales y el Gobierno Nacional la asignación de recursos para la ejecución de proyectos comunitarios.
• Ejercer control ciudadano a la gestión pública.
• Promover y crear espacios para la resolución de conflictos y el restablecimiento de la convivencia.
• Velar por la vida, la integridad y los bienes de los miembros de la comunidad, y divulgar y promover los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
• Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores, en los órganos directivos de la acción comunal.

La Junta se rige por los principios del artículo 18 de la Ley 2166 de 2021, en especial los de democracia, autonomía, libertad, igualdad y respeto, prevalencia del interés común sobre el particular, buena fe, solidaridad, capacitación, organización, participación, transparencia, publicidad y legalidad.

La JAC, en ejercicio de su personería jurídica, tiene plena capacidad para:

• Celebrar contratos, convenios y acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, hasta por la menor cuantía de la entidad territorial contratante, conforme al literal f) del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021 y al parágrafo 1 de su artículo 63.
• Celebrar convenios solidarios con entidades públicas para la ejecución de obras, en los términos del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y del parágrafo 4 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
• Recibir y ejecutar recursos provenientes de Fondos de Participación Ciudadana, Presupuestos Participativos, Planes de Desarrollo Local, transferencias municipales, departamentales y nacionales, Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, recursos derivados del Acuerdo Final de Paz, cooperación internacional y cualquier otra fuente lícita.
• Abrir y administrar cuentas bancarias y productos financieros a nombre de la organización, previa autorización de la Asamblea General conforme al numeral 9 del artículo 19 y a la sección C del artículo 28.
• Suscribir acuerdos, cartas de intención, memorandos de entendimiento, fichas técnicas y formularios de postulación para la gestión de proyectos y recursos comunitarios.
• Adquirir bienes muebles e inmuebles, contratar servicios y realizar las demás actividades propias de su naturaleza y finalidad.
• Vincular personal cuando resulte necesario, con sujeción a la ley laboral y a la autorización del órgano competente.
• Otorgar y recibir poderes para la representación judicial y extrajudicial.

Conforme al artículo 20 de la Ley 2166 de 2021, podrá afiliarse a la JAC quien reúna los siguientes requisitos:

• Ser persona natural.
• Residir en el territorio de la Junta con ánimo de permanencia.
• Tener más de catorce (14) años de edad.
• No estar incurso en causal de impedimento del artículo 10 de estos Estatutos.
• Poseer documento de identificación: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o, tratándose de extranjeros, cualquier documento que acredite su calidad de residente en el territorio nacional, incluidos la cédula de extranjería y el Permiso por Protección Temporal.

El censo de afiliados activos de cada reunión o elección es el que resulte del Libro de Registro de Afiliados a la fecha de su cierre conforme al parágrafo 4. En el acto de cierre, el Secretario General y el Fiscal suscribirán una certificación con el número total y el listado nominal de afiliados activos; tratándose de la elección de dignatarios, la suscribirán además los miembros del Tribunal de Garantías Electorales. La certificación se publicará por los canales oficiales dentro del día hábil siguiente al cierre del Libro y, en todo caso, con no menos de cinco (5) días calendario de antelación a la reunión, se anexará al acta y constituye la única base de cálculo del quórum y de las mayorías para esa reunión. Las objeciones al censo se formularán ante la Comisión de Convivencia y Conciliación antes de la instalación; formulada la objeción, resuelta o no, la reunión se instala con el censo certificado, sin perjuicio de las acciones que procedan.

Conforme al artículo 27 de la Ley 2166 de 2021, no podrán afiliarse:

• Quienes estén afiliados a otro organismo de acción comunal del mismo grado.
• Quienes hayan sido desafiliados o suspendidos por cualquier organismo comunal, mientras la sanción esté vigente.

Constituye acto de afiliación la inscripción directa en el Libro de Registro de Afiliados, en su versión física o virtual, previa comprobación de requisitos, oficializada con la firma o huella del peticionario o, tratándose de inscripción electrónica, con la expedición de la constancia del sistema, previa aceptación de las condiciones establecidas y verificación de los requisitos habilitantes. También procede la inscripción mediante solicitud escrita radicada con firma de recibido ante el Secretario General o, en su defecto, ante la Personería Municipal o la entidad de IVC.

Conforme al artículo 23 de la Ley 2166 de 2021, son derechos de los afiliados:

• Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos dentro de los organismos comunales o en representación de estos.
• Participar y opinar en las deliberaciones de la Asamblea General y de los órganos a los cuales pertenezcan, y votar para tomar las decisiones correspondientes.
• Fiscalizar la gestión de la organización, examinar los libros o documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier dignatario, en los términos del artículo 59.
• Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, en las cuales tendrán voz pero no voto.
• Participar de los beneficios del organismo.
• Participar en la elaboración del programa del organismo y exigir su cumplimiento.
• Participar en la remoción de los dignatarios elegidos, respetando el debido proceso, conforme al Capítulo XVIII.
• Conocer los informes de gestión que presenten las entidades de inspección, vigilancia y control.
• Inscribirse en una Comisión de Trabajo, solicitar cambio a otra ante el Secretario General y participar en ellas con voz y voto.
• Participar en la aprobación del Plan de Desarrollo Comunal, de los Planes de Acción, programas y proyectos, y exigir su cumplimiento.
• Ser informados, mediante campañas de socialización, medios de comunicación y medios alternativos incluidas las redes sociales, sobre las actividades, proyectos y programas de la organización.
• Participar en cualquier reunión y emitir su voto en modalidad presencial, virtual o mixta, en igualdad de condiciones, conforme al Capítulo XI.

Conforme al artículo 26 de la Ley 2166 de 2021, son deberes de los afiliados:

1. Estar inscrito y participar activamente en las Comisiones de Trabajo.
2. Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones de los órganos, y las disposiciones legales que regulan la materia.
3. Asistir a la Asamblea General y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados.
4. Asistir a un curso básico de formación comunal, presencial o virtual, acreditado o certificado por los organismos comunales superiores.
5. Mantener actualizados sus datos personales y de contacto —dirección, número de telefonía móvil y correo electrónico— en el Libro de Registro de Afiliados o en el sistema electrónico, reportando los cambios al Secretario General o directamente en el aplicativo correspondiente.
6. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos y omisiones que atenten contra las normas legales y estatutarias y contra la organización comunal, aportando las pruebas correspondientes.
7. Presentar propuestas para contribuir a la solución de las necesidades y conflictos del territorio y para la elaboración de los planes, programas y proyectos.
8. Mantener un comportamiento de respeto y armonía con los demás afiliados y dignatarios.
9. Cubrir las cuotas de afiliación y sostenimiento fijadas por la Asamblea General.

Se suspende automáticamente, sin necesidad de procedimiento y por el solo hecho objetivo, la afiliación de quien:

1. Se afilie a otro organismo de acción comunal del mismo grado, mientras subsista la doble afiliación;
2. Haya sido suspendido o desafiliado por otro organismo comunal, mientras la sanción esté vigente;
3. Traslade su residencia fuera del territorio, desde la fecha en que lo comunique o en que se acredite el hecho.

La suspensión automática cesa de pleno derecho al desaparecer su causa, acreditada ante el Secretario General. Mientras dure, el afiliado no computa para el quórum ni ejerce sus derechos, y así se anotará en el Libro de Registro de Afiliados.

La calidad de afiliado se perderá por las causales del artículo 28 de la Ley 2166 de 2021, entre ellas:

• Apropiación, retención o uso indebido de bienes, fondos, documentos, libros o sellos de la JAC.
• Renuncia voluntaria.
• Muerte del afiliado.
• Cambio de residencia fuera del territorio sin comunicación a la JAC.
• Afiliación a otro organismo comunal del mismo grado.
• Inasistencia injustificada a tres (3) asambleas generales dentro de un mismo año calendario, según los listados de asistencia.
• Uso arbitrario del nombre o símbolos de la organización para campañas políticas partidistas o beneficio personal.

Conforme al artículo 2.3.2.1.8.1 del Decreto 1066 de 2015, la Junta Directiva, a través del Presidente y del Secretario General, es el órgano competente para certificar la condición activa de los afiliados.

De conformidad con los artículos 29 y siguientes de la Ley 2166 de 2021, son órganos de esta JAC:

1. Asamblea General de Afiliados — máxima autoridad.
2. Junta Directiva — integrada por Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría General.
3. Fiscalía.
4. Comisión de Convivencia y Conciliación.
5. Comisiones de Trabajo — mínimo tres.
6. Comité de Control Interno de Recursos (CCIR) — órgano de apoyo creado por estos Estatutos, de carácter no electivo.
7. Tribunal de Garantías Electorales — de carácter temporal, constituido en cada proceso electoral.
8. Comisión Accidental para la Atención de Emergencias.
9. Delegados ante organismos de grado superior.

La Asamblea General es la máxima autoridad de la JAC. Está integrada por todos los afiliados activos, cada uno de los cuales actúa en ella personalmente, con voz y voto, conforme al artículo 41 de la Ley 2166 de 2021.

Conforme al artículo 42 de la Ley 2166 de 2021 y a estos Estatutos, son funciones de la Asamblea General:

1. Decretar la constitución y disolución del organismo.
2. Adoptar y reformar los Estatutos.
3. Elegir todos los dignatarios y cargos creados legal y estatutariamente.
4. Remover dignatarios, previo el debido proceso del Capítulo XVIII.
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Comunal y los Planes de Acción anuales.
6. Aprobar o improbar anualmente las cuentas, estados de tesorería, balances e informes financieros.
7. Determinar, para cada vigencia y mediante decisión expresa consignada en el acta, la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los contratos que sean de competencia de la Asamblea General, de la Junta Directiva, del Representante Legal, de las Comisiones de Trabajo y de los administradores o gerentes de las empresas de economía social. Esta función es indelegable y no puede ser sustituida por remisión automática a parámetros externos.
8. Aprobar el presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones, con discriminación por fuentes de financiación.
9. Autorizar la apertura y el cierre de cuentas bancarias y el manejo de productos financieros.
10. Otorgar las autorizaciones generales anticipadas del artículo 84 y autorizar la defensa jurídica y el aseguramiento del artículo 86.
11. Ordenar, con sujeción a la ley, la terminación de los contratos de trabajo.
12. Adoptar los reglamentos internos que le competen, incluidos el Reglamento de Sesiones Virtuales y Voto Electrónico del artículo 48 y la Política de Tratamiento de Información del artículo 46, sin perjuicio de la facultad del numeral 1 del artículo 24.
13. Determinar el número, nombre y funciones de las Comisiones de Trabajo, mínimo tres, y elegir a sus Coordinadores.
14. Designar el Tribunal de Garantías Electorales y sus suplentes, conforme al artículo 68.
15. Designar la Comisión Accidental para la Atención de Emergencias, conforme al artículo 39.
16. Designar al afiliado integrante del Comité de Control Interno de Recursos, conforme al artículo 60.
17. Autorizar los actos de disposición de bienes inmuebles.
18. Aprobar la afiliación al organismo comunal de grado superior.
19. Reglamentar y autorizar los gastos de representación del Representante Legal, en los términos del artículo 35.
20. Aprobar la creación de empresas de economía social y determinar el destino de sus utilidades.
21. Las demás decisiones que correspondan a la Junta y no estén atribuidas a otro órgano.

La convocatoria será ordenada por el Presidente, por la Junta Directiva o por su mayoría, y comunicada por el Secretario General. Si el Secretario General no la comunica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la orden, y en todo caso con la anticipación mínima exigida por este artículo, la comunicará un secretario ad hoc designado por el Presidente y, en su defecto, por quien ordenó la convocatoria, conforme al artículo 43 de la Ley 2166 de 2021.

La convocatoria se hará con mínimo quince (15) días calendario de anticipación para asambleas ordinarias y ocho (8) días calendario para extraordinarias.

Contenido obligatorio de la convocatoria. Todo aviso indicará:

1. Nombre y calidad de quien convoca;
2. Modalidad de la reunión: presencial, virtual o mixta;
3. Objeto o asuntos a tratar, con enunciación expresa y literal de cada punto;
4. Fecha y hora, que no podrá fijarse antes de las 6:00 a.m. ni después de las 8:00 p.m.;
5. Lugar físico;
6. Enlace o identificador de conexión y forma de acceso, cuando la reunión sea virtual o mixta;
7. Firma del Presidente y del Secretario General o, en su defecto, de quien ordene la convocatoria;
8. Fecha de la comunicación.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria mínimo tres (3) veces al año, de forma cuatrimestral, conforme al artículo 31 de la Ley 2166 de 2021. Podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.

Conforme al artículo 32 de la Ley 2166 de 2021:

• Quórum deliberatorio: la Asamblea no podrá abrir sesiones ni deliberar con menos del veinte por ciento (20%) de los afiliados activos.
• Quórum decisorio: se instalará válidamente con la mitad más uno de los afiliados activos.
• Quórum reducido: si a la hora señalada no hay quórum decisorio, la Asamblea podrá reunirse una (1) hora más tarde y el quórum se conformará con el treinta por ciento (30%) de los afiliados activos.
• Reunión supletoria: si no se conforma el quórum decisorio el día señalado en la convocatoria, la Asamblea se reunirá sin necesidad de nueva convocatoria dentro de los quince (15) días calendario siguientes, y el quórum se conformará con no menos del veinte por ciento (20%) de los afiliados activos. Esta reunión no es una reunión por derecho propio de las previstas en el parágrafo 1 del artículo 20.

1. Constitución y disolución del organismo;
2. Adopción y reforma de estatutos;
3. Actos de disposición de bienes inmuebles;
4. Afiliación al organismo comunal de grado superior;
5. Remoción de dignatarios, respecto de la cual, por excepción a la mayoría prevista en el encabezado de este parágrafo, rige la mayoría especial del literal e) del artículo 72, conservándose la exigencia de instalación con no menos de la mitad más uno de los afiliados activos;
6. Las decisiones que se adopten en las reuniones por derecho propio del parágrafo 1 del artículo 20.

La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la JAC. Está conformada por el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario General. A sus deliberaciones podrán asistir todos los afiliados, con voz pero sin voto. El Fiscal deberá asistir, con voz pero sin voto.

Conforme al artículo 46 de la Ley 2166 de 2021, son funciones de la Junta Directiva:

1. Aprobar su reglamento y el de las Comisiones de Trabajo y demás órganos.
2. Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la Asamblea General para cada vigencia, sin que en ningún caso pueda exceder la menor cuantía de la entidad territorial correspondiente.
3. Promover, liderar y presentar el Plan de Desarrollo Comunal a consideración de la Asamblea General dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la posesión.
4. Presentar anualmente a la Asamblea General los Planes de Acción y el presupuesto elaborado por el Tesorero conforme al artículo 53, y remitirlos al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su inclusión en los planes de desarrollo territoriales.
5. Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación en el territorio sobre asuntos de interés general.
6. Convocar una rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, en la que presentarán sus resultados la Junta Directiva, el Fiscal y quienes manejen recursos.
7. Promover una rendición de informes anual por parte de cada órgano de la JAC.
8. Promover la participación ciudadana y facilitar el acceso y uso de los salones y espacios comunales a todos los ciudadanos y grupos de ciudadanos que así lo requieran, conforme al reglamento que para el efecto adopte.
9. Elegir dignatarios en calidad de encargo o ad hoc hasta por sesenta (60) días calendario, prorrogables por una sola vez hasta por treinta (30) días calendario más, lo cual deberá comunicarse a la entidad de IVC.
10. Autorizar al Presidente para suscribir actos y contratos que superen sus facultades autónomas y no superen el umbral de la Asamblea.
11. Designar y mantener los canales institucionales del parágrafo del artículo 4.
12. Rendir informe general a la Asamblea en cada reunión ordinaria.
13. Las demás que le asignen la Asamblea, los Estatutos y el reglamento.

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. Sus reuniones podrán realizarse en modalidad presencial, virtual o mixta, conforme al Capítulo XI.

El quórum decisorio es la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes; en caso de empate se repetirá la votación y, de persistir, decidirá el voto del Presidente.

Son dignatarios de la JAC las personas elegidas para el desempeño de cargos en los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario General, Fiscal y su suplente, miembros de la Comisión de Convivencia y Conciliación, Coordinadores de las Comisiones de Trabajo y Delegados ante organismos de grado superior.

El período de los dignatarios es el mismo de las corporaciones públicas nacionales y territoriales, conforme al artículo 33 de la Ley 2166 de 2021.

Para ser dignatario se requiere:

• Ser afiliado activo de la Junta.
• Saber leer y escribir.
• No estar incurso en los impedimentos del artículo 10 ni en las incompatibilidades del artículo 27 de estos Estatutos.
• Ser mayor de dieciocho (18) años tratándose del Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Secretario General y el Fiscal, conforme al literal c) del parágrafo 3 del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021. Para los demás cargos bastará ser afiliado activo, sin más límite de edad que el previsto en el artículo 9; no obstante, los afiliados menores de dieciocho (18) años no podrán integrar la Comisión de Convivencia y Conciliación, por las calidades que la Ley 23 de 1991 exige a los conciliadores.

Conforme al parágrafo 3 del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021:

Entre los directivos, y entre estos y el Fiscal o los conciliadores, no podrá haber parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculo conyugal o de compañeros permanentes.

En la contratación y en la adquisición de bienes muebles o inmuebles regirá la misma incompatibilidad respecto de la persona natural o jurídica con quien se pretenda realizar el acto.

El administrador o gerente de una empresa de economía social de la JAC no podrá tener antecedentes de sanciones administrativas o judiciales.

No podrá ser Presidente ni Fiscal quien en el período inmediatamente anterior haya sido Tesorero.

No podrá ser Fiscal quien en el período inmediatamente anterior haya sido Presidente.

El Presidente es el Representante Legal de la JAC para todos los efectos legales, judiciales, administrativos, contractuales y financieros, ante autoridades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

A. FACULTADES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA

El Presidente podrá ejercer los siguientes actos sin autorización previa, informando de ellos a la Junta Directiva en su siguiente reunión ordinaria:

• Representar a la JAC ante cualquier autoridad, entidad, empresa, organización o persona, con facultad para presentar propuestas, recibir notificaciones y suscribir documentos de trámite.
• Gestionar, formular, postular, inscribir, ajustar y hacer seguimiento a proyectos comunitarios ante Fondos de Participación Ciudadana, Presupuestos Participativos, Secretarías Municipales, Gobernación del Quindío, Ministerios, Departamento Nacional de Planeación, Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, UNGRD, agencias de cooperación internacional, ONG, fundaciones y empresas privadas. Esta facultad comprende únicamente actos de trámite y postulación, y no habilita por sí sola para obligar patrimonialmente a la JAC ni para ordenar gastos.
• Suscribir solicitudes, formularios, fichas técnicas, cartas de intención, memorandos de entendimiento y declaraciones de interés que no generen obligaciones patrimoniales.
• Recibir donaciones, subsidios y transferencias destinadas a los objetivos de la JAC, informando a la Junta Directiva y al Fiscal.
• Ordenar gastos y suscribir contratos hasta por la cuantía que anualmente determine la Asamblea General conforme al numeral 7 del artículo 19.
• Actuar como vocero oficial de la JAC ante medios de comunicación y plataformas digitales.
• Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
• Suscribir conjuntamente con el Tesorero y el Fiscal los cheques, transferencias y órdenes de pago previamente aprobadas.
• Autenticar las actas de la Junta Directiva y firmar la correspondencia oficial.
• Suscribir documentos mediante firma electrónica o digital, conforme a la Ley 527 de 1999 y al Decreto 2364 de 2012.
• Otorgar poderes para la representación judicial o administrativa de la JAC en asuntos que correspondan a sus facultades.
• Iniciar y ejercer acciones judiciales, administrativas, de tutela y de cumplimiento en defensa de los intereses de la JAC.
• Delegar funciones específicas en el Vicepresidente o en los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo, mediante acto escrito, revocable y con vigencia máxima de un (1) año, que se informará a la Junta Directiva.
• Ejercer el derecho de petición y presentar en nombre de la JAC solicitudes, quejas, reclamos, consultas y los recursos que procedan en la vía administrativa, y hacer seguimiento a su trámite, conforme al artículo 23 de la Constitución Política y al CPACA.
• Representar a la JAC, con voz y con voto cuando corresponda, ante consejos, mesas técnicas, comités, instancias de planeación participativa, presupuestos participativos, veedurías y demás espacios de concertación con las autoridades, pudiendo designar por escrito, para una reunión o instancia determinada, al dignatario o afiliado que lo reemplace. Esta representación no habilita por sí sola para obligar patrimonialmente a la JAC.
• Adelantar y suscribir los trámites administrativos ordinarios de la JAC: el registro, la actualización y la renovación de la información y de los libros ante la entidad de IVC y ante la herramienta tecnológica del Ministerio del Interior; la actualización de datos ante las entidades financieras respecto de las cuentas y productos ya autorizados; y la inscripción y actualización del Registro Único Tributario y demás registros que la ley exija. Estos actos son de mera gestión y no generan por sí solos obligación patrimonial.
• Realizar, dentro de las cuentas y productos financieros previamente autorizados por la Asamblea General, los movimientos, pagos y transferencias necesarios para ejecutar los gastos, contratos y compromisos válidamente aprobados, con la firma conjunta del Tesorero y del Fiscal exigida en esta misma sección y previa certificación de disponibilidad expedida por el Tesorero. La apertura y el cierre de cuentas y productos financieros permanecen reservados a la Asamblea General conforme a la sección C.
• Contratar, dentro de su cuantía autónoma, los servicios públicos domiciliarios, los seguros, el mantenimiento ordinario de la sede y de los bienes de la JAC y la adquisición de bienes fungibles de uso corriente necesarios para el funcionamiento administrativo ordinario, dando cuenta a la Junta Directiva y al Tesorero.
• Ejecutar los actos urgentes e indispensables de conservación, aseguramiento o defensa de las personas, los bienes, los derechos o los intereses de la JAC que no admitan espera por razones de urgencia, fuerza mayor, caso fortuito o riesgo inminente, aun cuando excedan su cuantía autónoma, con cargo a los recursos disponibles y, siempre que la urgencia lo permita, previa certificación de disponibilidad del Tesorero. De estos actos dará cuenta inmediata al Fiscal y a la Junta Directiva y los someterá a ratificación del órgano competente en su siguiente reunión. Esta facultad no exonera de la prohibición del parágrafo 3 del artículo 84 sino en la estricta medida de la urgencia acreditada.
• Delegar, además de lo previsto en esta sección, funciones específicas y determinadas en cualquier otro dignatario —incluidos los Delegados ante organismos de grado superior— o, para un acto concreto, en un afiliado activo, mediante acto escrito, motivado, revocable y con vigencia máxima de un (1) año, informado a la Junta Directiva. La delegación de una función específica puede recaer directamente en el dignatario que el Presidente determine, sin que deba surtirse previamente a través del Vicepresidente. En ningún caso son delegables la representación legal, la ordenación del gasto ni las funciones que la ley o estos Estatutos declaran indelegables.

B. FACULTADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

• Celebrar contratos o convenios cuyo valor supere la cuantía autónoma fijada por la Asamblea y no exceda el límite asignado a la Junta Directiva.
• Suscribir convenios interinstitucionales de ejecución de proyectos con recursos públicos, dentro de la competencia de la Junta Directiva.
• Adquirir bienes muebles cuyo valor supere la cuantía autónoma.

C. FACULTADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

• Celebrar contratos o convenios que superen la cuantía asignada a la Junta Directiva.
• Abrir o cerrar cuentas bancarias a nombre de la JAC.
• Cualquier acto de disposición, venta, hipoteca o gravamen de bienes inmuebles.
• Celebrar contratos de empréstito.
• Comprometer el patrimonio inmueble de la JAC.
• Vincular personal mediante contrato de trabajo y ordenar su terminación.

El Presidente que actúe dentro de sus facultades estatutarias y en ejecución de decisiones colegiadas válidamente adoptadas obra en nombre y por cuenta de la JAC.

Por tratarse de materias de orden público que no pueden ser modificadas por acuerdo de los afiliados, se deja expresa constancia de que el Representante Legal responde:

Civilmente ante la JAC, en su condición de mandatario, hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo, conforme al artículo 2155 del Código Civil.

Fiscalmente, cuando administre o maneje recursos o fondos públicos, en calidad de gestor fiscal, conforme al artículo 267 de la Constitución Política y a los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 610 de 2000, configurándose la responsabilidad por dolo o culpa grave, conforme al artículo 118 de la Ley 1474 de 2011.

Penalmente, en los términos del artículo 56 de la Ley 80 de 1993.

Disciplinariamente, conforme al artículo 70 de la Ley 1952 de 2019.

Individual y patrimonialmente, en el evento del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 2166 de 2021.

Corresponde al Vicepresidente:

• Reemplazar al Presidente únicamente en sus ausencias temporales, y limitado a los actos de administración ordinaria y a los actos urgentes indispensables para la continuidad de la JAC. El Vicepresidente no ejercerá las facultades autónomas del artículo 28 que impliquen ordenación de gasto, celebración de contratos o cualquier otra obligación patrimonial, salvo autorización previa, expresa y escrita de la Junta Directiva o del Presidente para el acto determinado.
• En caso de ausencia definitiva del Presidente, asumir provisionalmente y solo para los actos de administración ordinaria, hasta que la Junta Directiva, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, designe conforme al artículo 34 al dignatario que ejercerá el encargo, el cual podrá recaer en cualquier dignatario. Vencido el término del encargo sin que la Asamblea General haya elegido el reemplazo para el resto del período, el Fiscal convocará la Asamblea de elección.
• Ejercer las funciones específicas que el Presidente le asigne o le delegue por escrito, conforme al artículo 28.
• Las demás que le asignen la Asamblea General o la Junta Directiva.

Corresponde al Tesorero:

• Responder por el cuidado y manejo de los dineros y bienes de la JAC.
• Custodiar y diligenciar, en forma física y digital, el libro de tesorería, el libro de inventarios y el registro de contratos y convenios, y conservar los comprobantes.
• Constituir la garantía o fianza de manejo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su posesión, por el monto que fije la Asamblea General al aprobar el presupuesto; la prima se cubrirá con recursos de la entidad.
• Firmar conjuntamente con el Presidente y el Fiscal los cheques, transferencias y documentos que impliquen manejo de dineros o bienes, previa orden del órgano competente.
• Rendir informe detallado de tesorería en cada reunión ordinaria de la Asamblea y de la Junta Directiva.
• Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones, con discriminación por fuente.
• Llevar contabilidad separada y en rubro especial para cada convenio, contrato o proyecto financiado con recursos públicos, conforme al parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021.
• Elaborar y presentar, en la primera reunión ordinaria de la Asamblea posterior al vencimiento de cada semestre, el registro de la inversión de los recursos sin destinación específica, y remitirlo a la entidad de IVC, conforme al parágrafo del artículo 61 de la Ley 2166 de 2021.
• Llevar y remitir el registro del uso de los bienes, beneficios y servicios de la JAC, conforme al parágrafo del artículo 62 de la Ley 2166 de 2021.
• Certificar, antes de la suscripción de todo acto que genere obligaciones patrimoniales, la disponibilidad de recursos o el compromiso de desembolso de la entidad financiadora, conforme al parágrafo 3 del artículo 84.
• Cobrar oportunamente los auxilios y aportes asignados a la JAC.
• Las demás que le señale la Asamblea, la Junta Directiva o el reglamento.

Corresponde al Secretario General:

• Comunicar las convocatorias a Asamblea y Junta Directiva por todos los canales previstos en el parágrafo 3 del artículo 20.
• Custodiar y diligenciar, en forma física y digital, el Libro de Registro de Afiliados, el libro de actas de la Asamblea General y el libro de reuniones de Junta Directiva y de Dignatarios.
• Cargar y mantener actualizada la información de la JAC en la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio del Interior, conforme al artículo 2.3.2.1.4.3 del Decreto 1066 de 2015.
• Reportar cuatrimestralmente a la entidad de IVC las novedades del Libro de Registro de Afiliados, y semestralmente la información de los libros, conforme al artículo 2.3.2.1.4.1 del Decreto 1066 de 2015.
• Certificar, junto con el Presidente, la condición activa de los afiliados, y suscribir con el Fiscal la certificación del censo del parágrafo 5 del artículo 9.
• Llevar el control de afiliados activos, suspendidos y desafiliados.
• Elaborar las actas y notificar y publicar las decisiones de los órganos.
• Conservar el expediente digital de cada sesión virtual o mixta, conforme al artículo 47.
• Ejercer las funciones operativas de tratamiento de datos personales conforme al parágrafo 2 del artículo 46.
• Las demás que le señalen la Asamblea, la Junta Directiva y los reglamentos.

La JAC elegirá cuatro (4) delegados ante la Asociación de Juntas de Acción Comunal, con sus respectivos suplentes, conforme al artículo 2.3.2.1.1.3 del Decreto 1066 de 2015, en el bloque separado del numeral 4 del artículo 67, con participación de mujeres no inferior al treinta por ciento (30%).

Son sus funciones:

• Asistir con voz y voto a las asambleas y reuniones del organismo de grado superior.
• Representar y defender los derechos y prerrogativas de la JAC y de la comunidad.
• Transmitir y sostener las posiciones aprobadas por la Asamblea General de la JAC.
• Rendir informe escrito a la Junta Directiva dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a cada asamblea del organismo superior, e informe verbal a la Asamblea General en su siguiente reunión ordinaria.
• Gestionar ante el organismo superior los asuntos que la Asamblea General les encomiende.

Las ausencias temporales de los dignatarios serán hasta por noventa (90) días calendario, autorizadas por la Junta Directiva. Las vacancias por renuncia, muerte, remoción o desafiliación se proveerán mediante encargo o designación ad hoc de la Junta Directiva hasta por sesenta (60) días calendario, prorrogables por una sola vez hasta por treinta (30) días calendario más, dentro de los cuales la Asamblea General elegirá el reemplazo para el resto del período. La vacancia de la Presidencia se provee por este mismo mecanismo de encargo de la Junta Directiva, con la regla de transición del artículo 30, y el encargo podrá recaer en cualquier dignatario. Toda designación se comunicará a la entidad de IVC.

Conforme al literal a) del artículo 39 de la Ley 2166 de 2021, el Representante Legal podrá percibir ingresos provenientes de los recursos propios generados por la organización, para gastos de representación, con sujeción a la siguiente reglamentación estatutaria:

1. El reconocimiento procederá únicamente con cargo a recursos propios de la JAC, nunca con cargo a recursos públicos, de convenios o de proyectos.
2. Su monto no podrá exceder, en cada mensualidad, el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
3. Solo cubre gastos efectivamente realizados en ejercicio de la representación —transporte, comunicaciones, papelería, trámites y desplazamientos—, acreditados con soporte documental.
4. Requiere autorización expresa y previa de la Asamblea General para cada vigencia, consignada en el acta, con indicación del monto máximo anual.
5. El Fiscal y el Comité de Control Interno de Recursos verificarán trimestralmente los soportes.
6. El Presidente rendirá cuenta detallada de estos gastos en la rendición de cuentas anual.
7. El reconocimiento no constituye salario ni genera relación laboral, contractual ni de dependencia alguna con la JAC, y se causa únicamente contra soportes.

Para ser Fiscal se requieren las mismas calidades exigidas para ser Presidente. El Fiscal será elegido para el mismo período de la Junta Directiva, en bloque separado y con suplente.

Son funciones del Fiscal:

• Velar porque la JAC y sus afiliados cumplan las disposiciones legales y estatutarias.
• Suscribir conjuntamente con el Presidente y el Tesorero los documentos que impliquen ingresos y egresos de fondos.
• Revisar los libros, comprobantes de contabilidad y extractos bancarios.
• Refrendar los balances anuales presentados por el Presidente y el Tesorero.
• Verificar que los recursos provenientes de convenios y contratos con entidades públicas se manejen en cuentas y rubros contables separados.
• Suscribir con el Secretario General la certificación del censo de afiliados activos del parágrafo 5 del artículo 9.
• Custodiar y diligenciar el libro de actas del Comité de Control Interno de Recursos.
• Informar a la Asamblea General cualquier irregularidad en el manejo de recursos.
• Presidir el Comité de Control Interno de Recursos.
• Requerir al Presidente la convocatoria de Asamblea y, en su defecto, ordenarla conforme al parágrafo 2 del artículo 20.
• Actuar como coanfitrión técnico de las sesiones virtuales, conforme al parágrafo 3 del artículo 44.
• Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.

Conforme al artículo 45 de la Ley 2166 de 2021, la Asamblea General determinará el número, nombre y funciones de las Comisiones de Trabajo. Existirán como mínimo las siguientes:

1. COMISIÓN DE PROYECTOS, GESTIÓN DE RECURSOS Y FONDOS DE PARTICIPACIÓN (en adelante, «la Comisión de Proyectos»)

Órgano técnico de apoyo para la gestión de recursos y proyectos. Le corresponde:

• Identificar, formular y preparar proyectos para su presentación ante Fondos de Participación Ciudadana, Presupuestos Participativos, entidades territoriales, nacionales y organismos de cooperación.
• Apoyar al Presidente en la suscripción de los documentos de postulación y ejecución.
• Hacer seguimiento y rendición de cuentas de los recursos recibidos.
• Mantener actualizado el banco de proyectos de la JAC.
• Articular con organismos de grado superior para la presentación conjunta de proyectos.

Su Coordinador podrá representar a la JAC ante mesas técnicas y comités de evaluación mediante autorización escrita, expresa, revocable y con vigencia máxima de un (1) año, otorgada por el Presidente e informada a la Junta Directiva. Esta autorización no comprende la facultad de ordenar gastos ni de obligar patrimonialmente a la JAC.

2. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Promoverá el cuidado del espacio público, la arborización, el medio ambiente y la buena vecindad.

3. COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y BIENESTAR COMUNITARIO

Promoverá actividades culturales, deportivas, recreativas y de bienestar social. Trabajará de forma coordinada con la secretaría, instituto u oficina del deporte municipal o departamental, conforme al parágrafo del artículo 45 de la Ley 2166 de 2021.

Todo afiliado activo tiene derecho a inscribirse en la Comisión de Trabajo que elija, mediante solicitud al Secretario General, quien llevará el registro de integrantes de cada Comisión y podrá tramitar los cambios que se le soliciten.

El Coordinador de cada Comisión será elegido por la Asamblea General en el bloque separado previsto en el numeral 5 del artículo 67. Cada Comisión designará entre sus integrantes un relator y se dará su propio reglamento interno, sujeto a aprobación de la Junta Directiva.

Cada Comisión se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y podrá hacerlo en modalidad presencial, virtual o mixta. Rendirá informe trimestral a la Junta Directiva y anual a la Asamblea General.

Conforme al artículo 30 de la Ley 2166 de 2021 y al artículo 2.3.2.1.8.3 del Decreto 1066 de 2015, la Asamblea General designará una Comisión Accidental para la Atención de Emergencias, integrada por un mínimo de tres (3) afiliados que designe para el efecto, en la cual se involucrará a delegados de la administración municipal o departamental y a una representación de la Junta Administradora Local de la comuna correspondiente.

La Comisión se activará cuando el Presidente de la República declare estado de excepción o de emergencia. Activada, diseñará, formulará, aprobará y adoptará un plan de acción con la estrategia comunal para la superación de la crisis, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Interior y en articulación con el plan de acción del organismo comunal de grado superior. Rendirá informe a la Asamblea General.

Conforme al artículo 49 de la Ley 2166 de 2021, existirá una Comisión de Convivencia y Conciliación integrada por un número impar de mínimo tres (3) afiliados activos, elegidos en bloque separado por la Asamblea General para el mismo período de los dignatarios.

La Comisión elegirá entre sus miembros un Presidente y un Secretario, se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando lo requiera un asunto sometido a su conocimiento, y podrá sesionar en modalidad presencial, virtual o mixta. Sus decisiones se adoptarán por mayoría, con la asistencia de mínimo dos (2) conciliadores.

Conforme al artículo 50 de la Ley 2166 de 2021, corresponde a la Comisión de Convivencia y Conciliación:

• Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad.
• Surtir la vía conciliatoria de todos los conflictos organizativos que surjan en el ámbito de la JAC.
• Avocar, mediante procedimiento de conciliación en equidad, los conflictos comunitarios susceptibles de transacción, desistimiento, querella y conciliación, siempre que el conciliador sea formado, avalado y nombrado conforme a la Ley 23 de 1991.
• Resolver, dentro de los ocho (8) días hábiles previstos en el artículo 11, las solicitudes de inscripción de afiliados respecto de las cuales se alegue justa causa para no inscribir.
• Resolver las objeciones al censo previstas en el parágrafo 5 del artículo 9.
• Adelantar en primera instancia el procedimiento disciplinario del Capítulo XIX, en los casos del artículo 76.
• Instruir, en los casos del literal d) del artículo 72, los procedimientos de remoción de dignatarios.
• Determinar la forma de dirimir los empates a que se refiere el parágrafo 4 del artículo 22.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

1. Solicitud. Se presentará por escrito, físico o digital, ante la Comisión, con el relato de los hechos, las pretensiones y las pruebas. El trámite es gratuito.
2. Avocación. La Comisión dispondrá de un plazo máximo de quince (15) días hábiles para avocar el conocimiento y determinar si el asunto es de su competencia.
3. Citación. Avocado el conocimiento, la Comisión citará a las partes a audiencia por los canales oficiales, indicando objeto, fecha, hora y modalidad, con no menos de cinco (5) días hábiles de antelación.
4. Audiencia. Reunidas la Comisión y las partes, estas expondrán los hechos y las pruebas. La Comisión analizará las declaraciones y los elementos de prueba y propondrá una fórmula de arreglo, que las partes podrán acoger total o parcialmente, o rechazar. La audiencia podrá suspenderse por una sola vez, por un término no superior a cinco (5) días hábiles.
5. Plazo. La Comisión dispondrá de cuarenta y cinco (45) días hábiles máximo para intentar hasta por tres (3) veces la conciliación.
6. Acta. El acta contendrá: lugar, fecha y hora; identificación de la Comisión y de las partes; relación sucinta de las pretensiones; el acuerdo logrado con indicación de la cuantía, el modo, el tiempo y el lugar de cumplimiento de las obligaciones; y la firma de los conciliadores y de las partes. Se registrará en el libro de actas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la audiencia.
7. Remisión. Vencidos los términos sin acuerdo, o logrado solo un acuerdo parcial, la Comisión remitirá la documentación al organismo comunal de grado inmediatamente superior, el cual conocerá y adelantará la primera instancia.
8. Archivo. Cuando el solicitante desista o cuando ninguna de las partes comparezca, la Comisión ordenará el archivo mediante acta.

La JAC adopta como modalidad ordinaria y permanente la posibilidad de que todos sus órganos —Asamblea General, Junta Directiva, Fiscalía, Comisiones de Trabajo, Comisión de Convivencia y Conciliación, Comité de Control Interno de Recursos, Tribunal de Garantías Electorales, Comisión Accidental para la Atención de Emergencias y cualquier otro— celebren sus reuniones y adopten sus decisiones en modalidad PRESENCIAL, VIRTUAL O MIXTA, con plena validez jurídica, incluidas las decisiones que requieran mayoría calificada conforme al parágrafo 1 del artículo 22.

Se exceptúan: la elección de dignatarios, que se sujeta al parágrafo del artículo 48 y al parágrafo 2 del artículo 66; y las votaciones secretas del parágrafo 1 del artículo 45 cuando no se disponga de herramienta idónea.

1. Habilitará, en toda reunión virtual, un punto de conexión asistido en la sede social o en el lugar que indique la convocatoria, con equipo, conectividad y un afiliado o dignatario responsable designado en la convocatoria, al cual podrá acudir cualquier afiliado para participar y votar. Por efecto de esta habilitación, toda reunión que estos Estatutos denominen virtual se convoca y se entiende como mixta, y la convocatoria indicará siempre lugar físico y enlace de conexión.

La imposibilidad sobreviniente y acreditada de habilitar el punto —fuerza mayor, falla de energía o de conectividad, indisponibilidad del inmueble— no invalida la reunión, siempre que (i) se deje constancia en el acta, (ii) se ofrezca a los afiliados afectados el mecanismo del literal c) y (iii) ningún afiliado quede efectivamente privado de participar y votar. Si alguno quedare privado, la sesión se suspenderá y se reanudará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Ofrecerá acompañamiento telefónico para la conexión a quien lo solicite con antelación.

Permitirá la participación y el voto por llamada telefónica de audio incorporada a la sesión. El Secretario General llamará, con cargo a la JAC, al afiliado que lo haya solicitado con veinticuatro (24) horas de antelación, y dejará constancia de la llamada.

Dispondrá intérprete de lengua de señas, subtitulado o el apoyo de accesibilidad que un afiliado solicite con la misma antelación, y prestará asistencia de lectura y registro del voto a quien lo requiera, en presencia del Fiscal o de un miembro de la Comisión de Convivencia y Conciliación.

En ningún caso la falta de medios tecnológicos podrá suplirse mediante delegación del voto en otro afiliado, por estar prohibida en el parágrafo del artículo 18.

Toda reunión virtual o mixta deberá cumplir, como mínimo, los requisitos del artículo 2.3.2.1.8.2 del Decreto 1066 de 2015, desarrollados así:

a) CONVOCATORIA. Efectuada con los plazos, el contenido y por los canales del artículo 20, con firma y fecha de comunicación.

b) LUGAR DE LA REUNIÓN. La convocatoria indicará siempre el lugar físico, que corresponderá como mínimo al punto de conexión asistido del literal a) del parágrafo 4 del artículo 42.

c) SUMINISTRO DEL ENLACE DE CONEXIÓN. La convocatoria contendrá el enlace, código o identificador de acceso a la sesión, junto con las instrucciones de conexión. El enlace se remitirá individualmente a cada afiliado y nuevamente por los canales oficiales con no menos de dos (2) horas de antelación al inicio.

d) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM MEDIANTE HERRAMIENTA VIRTUAL. Instalada la sesión, el Secretario General efectuará llamado a lista nominal, uno a uno, y cada afiliado responderá manifestando su nombre completo. La verificación del documento de identidad la hará el Secretario General contra el censo certificado, sin que el número de documento se pronuncie en voz alta ni se transcriba en el registro público de la sesión; constará en el listado de participantes que se anexa al acta y se conservará con acceso restringido conforme a la Ley 1581 de 2012. La herramienta empleada generará el reporte de participantes, que se anexará al acta. Con base en él se declarará si existe o no quórum, calculado siempre conforme al parágrafo 3 del artículo 22.

e) APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El orden del día se someterá a votación como primer punto de la sesión, y su aprobación constará en el acta.

f) TRAZABILIDAD DEL ACTA. El acta permitirá reconstruir íntegramente el desarrollo de la sesión: convocatoria, enlace, listado de participantes, deliberación, sentido del voto de cada participante en cada votación —salvo en las votaciones secretas—, resultados y decisiones.

Se autorizan expresamente como medios técnicos válidos para el desarrollo de reuniones y votaciones:

1. Plataformas de videoconferencia: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Jitsi y equivalentes.
2. Videollamada y llamada grupal de audio de WhatsApp y WhatsApp Business.
3. Llamadas telefónicas en conferencia (audio multipersonal).
4. Formularios y herramientas digitales de votación (Google Forms, Microsoft Forms y similares), empleados dentro de una sesión para recoger el voto, en especial cuando deba ser secreto, siempre que en tal caso la herramienta cumpla el parágrafo 1 del artículo 45.
5. Cualquier otra plataforma electrónica que permita, de manera simultánea o sucesiva e inmediata: identificar al participante, deliberar, votar y dejar registro.

La elección de la plataforma corresponde a quien convoca, que la indicará en la convocatoria junto con el enlace de acceso.

El voto se emitirá dentro de la sesión, de manera nominal, identificada y verificable, salvo en los casos del parágrafo 1, por cualquiera de los siguientes medios:

• Manifestación verbal en videollamada o llamada de audio, con indicación de nombre completo y sentido del voto: «Apruebo», «No apruebo» o «Me abstengo».
• Mensaje de texto individual, dentro de la sesión, con nombre completo y sentido del voto.
• Mensaje de audio individual, dentro de la sesión, en el que se escuche claramente al afiliado identificándose.
• Formulario digital individualizado, habilitado durante la sesión.
• Voto escrito físico entregado en el punto de conexión asistido.

1. No procede en ningún caso para la elección de dignatarios; para las decisiones del parágrafo 1 del artículo 22 —constitución y disolución, adopción y reforma de estatutos, disposición de inmuebles, afiliación al organismo de grado superior, remoción de dignatarios y reuniones por derecho propio—; ni para decisiones disciplinarias o de conciliación.
2. Solo podrán votar quienes hayan sido registrados en el llamado a lista de la instalación y figuren en el reporte de participantes. El Secretario General cerrará y anexará al acta, en el momento de la instalación, la lista definitiva de habilitados. El quórum es el verificado en la instalación y no se recalcula al cierre; la ventana únicamente recoge el sentido del voto de quienes ya integraban ese quórum.
3. La votación se declarará fallida si al cierre el número de votos emitidos es inferior a la mayoría exigida para el asunto, calculada sobre el quórum de instalación.
4. El conteo es reservado hasta el cierre. Está prohibido divulgar resultados parciales; su divulgación vicia la votación. El voto emitido es irrevocable.
5. La sesión se entiende suspendida, no clausurada, y se reanuda para el escrutinio público, que practicarán el Secretario General y el Fiscal con dos escrutadores designados en la instalación entre afiliados sin interés en el asunto.
6. Cada voto se registrará de manera individual e identificada, con fecha y hora de emisión, y se conservará conforme al parágrafo 2 del artículo 47.

La JAC emplea como canales oficiales de comunicación y notificación los designados conforme al parágrafo del artículo 4, complementarios de los medios físicos. Las convocatorias, informes, estados de tesorería y comunicados enviados por estos canales a los datos registrados por cada afiliado se entenderán válidamente comunicados.

De toda sesión, cualquiera sea su modalidad, se levantará acta, que se suscribirá por el presidente y el secretario de la reunión una vez vencido el término de objeciones del parágrafo 5, y a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la sesión, y se asentará en el libro respectivo.

El acta de una sesión virtual o mixta contendrá, además: la convocatoria y la constancia de su envío; el enlace utilizado; el reporte de participantes; la constancia de verificación del quórum al inicio, durante y antes de cada votación; el sentido del voto de cada participante, salvo en las votaciones secretas; y el resultado de cada votación.

La Asamblea General adoptará un Reglamento de Sesiones Virtuales y Voto Electrónico que desarrolle operativamente este Capítulo, sin contrariarlo ni contrariar la ley. El Reglamento no podrá reducir las garantías aquí previstas.

El patrimonio de la JAC es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que ingresen legalmente por concepto de contribuciones, aportes, donaciones y cualquier actividad u operación lícita. No pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los afiliados. Su uso, usufructo y destino se acuerdan colectivamente conforme a estos Estatutos y al artículo 60 de la Ley 2166 de 2021.

Está conformado por:

• Cuotas de afiliación y sostenimiento fijadas por la Asamblea General.
• Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la JAC.
• Donaciones, legados, subsidios y aportes de terceros que no tengan destinación específica.
• Rendimientos de los bienes y actividades del organismo y utilidades de las empresas de economía social.
• Los rendimientos, contraprestaciones o remanentes que legalmente correspondan a la JAC por su participación en contratos, convenios y alianzas.
• Cualquier otro ingreso lícito compatible con su naturaleza.

La JAC tiene capacidad y habilitación estatutaria para participar en los mecanismos de inversión comunitaria disponibles, incluyendo, sin limitarse a: Fondos de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos del Municipio de Armenia y del Departamento del Quindío; transferencias y programas de las Secretarías de Desarrollo Social, Planeación, Educación, Salud, Vivienda, Infraestructura, Cultura, Deporte y Mujer; recursos del Ministerio del Interior destinados a organismos comunales; Sistema General de Regalías; Sistema General de Participaciones; recursos del Acuerdo Final de Paz y Programas PDET; recursos de la UNGRD; recursos de la Federación y la Asociación Comunales; cooperación internacional bilateral y multilateral; programas del SENA, Ministerio de Comercio e iNNpulsa; y becas, premios y reconocimientos a iniciativas comunitarias.

Conforme al artículo 78 de la Ley 2166 de 2021, la existencia y la representación legal de la JAC se acreditan con la certificación expedida por la entidad de IVC, junto con:

1. El acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica;
2. El acto administrativo de inscripción de dignatarios vigente;
3. Los presentes Estatutos debidamente registrados.

Conforme al parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2166 de 2021, los recursos oficiales que ingresen para la realización de obras, la prestación de servicios o el desarrollo de convenios no ingresarán al patrimonio de la JAC y se manejarán:

• En cuenta bancaria separada o subcuenta identificada por proyecto o convenio, abierta previa autorización de la Asamblea General conforme al numeral 9 del artículo 19.
• En rubro contable especial, con movimientos discriminados.
• Con informe de ejecución separado, presentado al Fiscal, al Comité de Control Interno de Recursos, a la Junta Directiva y a la entidad financiadora.

La Asamblea General fijará anualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias de afiliación y sostenimiento.

Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la posesión de los dignatarios, y anualmente en el mes de diciembre, el Tesorero presentará a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, que incluirá: ingresos por cuotas; proyección de recursos por contratos, convenios y fondos; gastos de funcionamiento; gastos e inversiones por proyectos; y reservas para contingencias. La Junta Directiva lo someterá a la Asamblea General en su primera reunión ordinaria del año, la cual lo aprobará con las modificaciones que estime pertinentes, conforme al artículo 64 de la Ley 2166 de 2021.

Conforme al artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, modificado por el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023, las entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal están autorizadas para celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de acción comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantía, debiendo contratarse para su ejecución con los habitantes de la comunidad.

Conforme al parágrafo 4 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, las entidades territoriales del orden departamental y municipal están autorizadas para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal para ejecutar obras hasta por la mínima cuantía, requiriéndose que el organismo esté previamente legalizado y reconocido.

Conforme al parágrafo 2 del artículo 63 de la Ley 2166 de 2021, los convenios solidarios y los contratos interadministrativos de mínima cuantía también podrán celebrarse entre las entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal y los organismos de acción comunal para la ejecución de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo o derivados del Acuerdo Final de Paz.

Conforme al artículo 63 de la Ley 2166 de 2021, la JAC podrá vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante la prestación de bienes y servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. Conforme al parágrafo 1 del mismo artículo, podrá contratar con las entidades territoriales hasta por la menor cuantía de dicha entidad.

En consecuencia, la JAC podrá celebrar:

• Contratos de obra, suministro, consultoría, prestación de servicios y compraventa con entidades públicas, hasta los umbrales del artículo 28.
• Contratos con empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para proyectos compatibles con los objetivos comunales.
• Contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales, previa autorización de la Asamblea General.
• Convenios marco de cooperación con universidades, fundaciones, cámaras de comercio y entidades similares.

Para efectos de los artículos 54 y 55, las cuantías se determinan conforme al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

• La menor cuantía de una entidad estatal se determina en función de su presupuesto anual expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los rangos allí previstos, que van desde doscientos ochenta (280) hasta mil (1.000) SMLMV.
• La mínima cuantía corresponde al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad.

Cuando la Asamblea General determine la conveniencia de que la JAC adelante actividades económicas destinadas a financiar sus inversiones de beneficio común y a generar empleo, podrá crear empresas o proyectos de economía social, bajo la dirección y orientación de la Junta Directiva.

La creación de una empresa de economía social requiere aprobación de la Asamblea General, la cual definirá su objeto, su estructura, el capital destinado y su reglamento de funcionamiento.

• La empresa de economía social tendrá tesorería y sistema contable independientes de los de la JAC.
• Su presupuesto formará parte del presupuesto anual aprobado por la Asamblea General, conforme al artículo 64 de la Ley 2166 de 2021.
• La ordenación del gasto y la responsabilidad del sistema de contabilidad presupuestal recaen sobre el administrador o gerente de la empresa, quien no ostenta la representación legal de la JAC, y se sujetan a la cuantía que anualmente determine la Asamblea General conforme al numeral 7 del artículo 19.
• La Asamblea General determinará anualmente, al cierre del ejercicio, el porcentaje de las utilidades que se entregará a la JAC y el que se destinará a la recapitalización.
• El administrador o gerente será designado conforme al reglamento, no podrá tener antecedentes de sanciones administrativas o judiciales, ni incurrir en las incompatibilidades del artículo 27.
• El Fiscal y el Comité de Control Interno de Recursos ejercerán vigilancia sobre la empresa y sus resultados.

La gestión de la JAC se rige por los principios de transparencia, publicidad, rendición de cuentas y participación. En desarrollo de ellos:

• Los estados de tesorería, informes de ejecución y extractos bancarios se presentarán a la Asamblea General en cada reunión ordinaria.
• Los contratos, convenios y resoluciones de adjudicación se comunicarán a los afiliados por los canales oficiales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción.
• La JAC mantendrá un tablero digital actualizado con el estado de cada proyecto y convenio activo.
• Se realizará una rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, conforme al literal f) del artículo 46 de la Ley 2166 de 2021.

Derecho de examen de libros. Todo afiliado tiene derecho a fiscalizar la gestión y a examinar los libros y documentos, conforme al literal c) del artículo 23 de la Ley 2166 de 2021, mediante el siguiente procedimiento, que garantiza el ejercicio del derecho y la protección de los datos personales de terceros:

1. Solicitud escrita al Secretario General con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación, indicando el libro y el período de interés. La solicitud podrá presentarse por los canales digitales oficiales.
2. La revisión se realizará en presencia del Fiscal, de un miembro del Comité de Control Interno de Recursos o del Secretario General. Quien presencie la revisión levantará acta breve de la consulta.
3. La revisión se hará en la sede de la JAC o en lugar acordado, sin retiro de los libros físicos. A solicitud del afiliado podrá realizarse por medios virtuales, mediante exhibición en videollamada o remisión de copia digital.
4. La información personal de terceros —documentos de identidad, teléfonos y direcciones— se entregará anonimizada, conforme a la Ley 1581 de 2012.
5. La revisión no podrá negarse al afiliado que cumpla este procedimiento, salvo causa justificada notificada por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud. Contra la negativa el afiliado podrá acudir al Fiscal, al Comité de Control Interno de Recursos o a la entidad de IVC.

Se crea el Comité de Control Interno de Recursos, órgano interno de apoyo y verificación, sin carácter de dignidad electiva, integrado por:

• El Fiscal de la JAC, quien lo preside;
• Un delegado designado por la Comisión de Convivencia y Conciliación entre sus miembros;
• Un afiliado activo designado por la Asamblea General, mediante votación separada en la primera reunión ordinaria posterior a la posesión de los dignatarios, que no ostente ninguna de las dignidades enumeradas en el inciso primero del artículo 26, por el mismo período de los dignatarios.

Son sus funciones:

• Revisar trimestralmente los libros de tesorería, extractos bancarios y comprobantes de todos los convenios y proyectos activos.
• Verificar los soportes de los gastos de representación del artículo 35.
• Elaborar un informe que se presentará a la Asamblea General en su primera reunión ordinaria posterior al vencimiento de cada semestre.
• Alertar oportunamente sobre cualquier irregularidad en el manejo de recursos.
• Verificar que los recursos de cada convenio se utilicen conforme a los objetivos aprobados.
• Articularse con el Fiscal para el trámite de quejas y denuncias.

La JAC remitirá oportunamente a la entidad de IVC:

• El reporte cuatrimestral de novedades del Libro de Registro de Afiliados y el reporte semestral de la información de los libros (artículo 2.3.2.1.4.1 del Decreto 1066 de 2015).
• El registro semestral de la inversión de recursos sin destinación específica (parágrafo del artículo 61 de la Ley 2166 de 2021).
• El registro del uso de bienes, beneficios y servicios (parágrafo del artículo 62 de la Ley 2166 de 2021).
• La documentación del proceso electoral, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la elección (parágrafo 1 del artículo 2.3.2.1.5.6 del Decreto 1066 de 2015).
• Las actas de designación de dignatarios en encargo o ad hoc.

Conforme al artículo 65 de la Ley 2166 de 2021, la JAC llevará los siguientes libros, en forma física y en digital:

Cada responsable custodiará y diligenciará su libro y lo entregará a su sucesor en el empalme, mediante acta, salvo la custodia temporal del Libro de Registro de Afiliados prevista en el parágrafo 3 del artículo 68.

Conforme al artículo 2.3.2.1.4.3 del Decreto 1066 de 2015, la JAC llevará sus libros de manera digital a través de la herramienta tecnológica dispuesta por el Ministerio del Interior, diligenciando los módulos de datos generales, libro de registro de afiliados, otros documentos, libros de tesorería e inventarios, y libro de actas.

La JAC mantendrá un archivo digital de sus documentos oficiales —actas, contratos, convenios, informes de tesorería, estados financieros y grabaciones de sesiones— en una plataforma de almacenamiento en la nube, con acceso controlado por el Secretario General y disponible para los afiliados que lo soliciten conforme al artículo 59.

El período de los dignatarios es el mismo de las corporaciones públicas nacionales y territoriales. La elección se realizará el último domingo del mes de abril del año correspondiente, y el período inicia el primero (1.º) de julio del mismo año, conforme al literal a) del artículo 36 de la Ley 2166 de 2021.

La elección se realizará por votación directa de los afiliados activos, modalidad que requiere la participación y el voto de mínimo el treinta por ciento (30%) de los afiliados activos para ser válida, conforme al artículo 34 de la Ley 2166 de 2021.

La postulación se hará por el sistema de planchas o listas, y la asignación de cargos por cuociente electoral, en mínimo cinco (5) bloques separados:

1. Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario General);
2. Fiscal y su suplente;
3. Comisión de Convivencia y Conciliación;
4. Delegados ante organismos de grado superior;
5. Coordinadores de Comisiones de Trabajo.

Las planchas deberán estar conformadas por todos los bloques completos y debidamente firmadas por los aspirantes, conforme al numeral 4 del artículo 2.3.2.1.5.1 del Decreto 1066 de 2015.

Conforme al artículo 35 de la Ley 2166 de 2021, mínimo treinta (30) días calendario antes de la elección de dignatarios se constituirá un Tribunal de Garantías Electorales integrado por tres (3) afiliados activos que no aspiren a cargo alguno ni sean dignatarios en ejercicio.

1. El Presidente —o, en su defecto, el Fiscal o el diez por ciento (10%) de los afiliados activos— convocará, con la anticipación del artículo 20, una Asamblea General que deberá celebrarse no menos de cuarenta y cinco (45) días calendario antes de la fecha de la elección, incluyendo como punto expreso del orden del día la designación del Tribunal de Garantías Electorales.
2. Cualquier afiliado activo que reúna las condiciones podrá postularse o ser postulado en la misma sesión.
3. La Asamblea elegirá, mediante votación separada e independiente de cualquier otro punto, a los tres (3) miembros principales y a tres (3) suplentes, conforme al artículo 2.3.2.1.5.4 del Decreto 1066 de 2015.
4. La designación constará en acta suscrita por el Presidente, el Secretario General y los miembros designados, con listado de asistencia.
5. Si la Asamblea no designare el Tribunal de Garantías Electorales en la oportunidad señalada, el Fiscal convocará nueva Asamblea dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De persistir la omisión, se solicitará el acompañamiento de la entidad de IVC.

Los dignatarios están obligados a solicitar su inscripción ante la entidad de IVC dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la elección, conforme al parágrafo 1 del artículo 2.3.2.1.5.6 del Decreto 1066 de 2015, aportando la documentación del artículo 2.3.2.1.5.1 del mismo decreto: acta de constitución del Tribunal de Garantías Electorales con listado de asistencia y convocatoria notificada; acta de asamblea o elección directa suscrita por el Presidente, el Secretario General y los miembros del Tribunal; listado de asistentes con objeto y fecha; planchas con los bloques completos firmadas; y, cuando aplique, la acreditación de formación comunal.

El Ministerio del Interior o las autoridades de los niveles seccional o local competentes podrán suspender las elecciones de dignatarios en todo o en parte de su jurisdicción, por motivos de orden público o cuando se presenten hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando exista justa causa, fuerza mayor o caso fortuito para no realizar la elección en la fecha prevista, la JAC solicitará a la entidad de IVC autorización para realizarla por fuera de los términos, la cual podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de dos (2) meses.

Son causales de remoción de un dignatario:

1. El incumplimiento grave o reiterado de las funciones asignadas por la ley, los Estatutos o los reglamentos.
2. La apropiación, retención o uso indebido de bienes, fondos, documentos, libros o sellos de la JAC.
3. El manejo irregular de recursos de convenios, contratos o proyectos.
4. La celebración de actos o contratos con desconocimiento de las incompatibilidades del artículo 27.
5. La negativa injustificada y reiterada a permitir el examen de libros conforme al artículo 59.
6. La omisión reiterada del deber de información previsto en el parágrafo 1 del artículo 28.
7. La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas del órgano al que pertenece.
8. La inasistencia injustificada a dos (2) asambleas consecutivas del organismo de grado superior, tratándose de delegados.
9. Haber sido sancionado con suspensión de la afiliación o desafiliación mediante decisión en firme.
10. La pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos para el cargo.
11. Las demás previstas en la ley.

Solicitud. Cualquier afiliado activo podrá solicitar por escrito, ante el Secretario General, la remoción de un dignatario, señalando la causal invocada, los hechos y las pruebas. La solicitud podrá presentarse por los canales digitales oficiales.

Convocatoria. Recibida la solicitud, el Presidente convocará Asamblea General dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, incluyendo la remoción como punto expreso del orden del día. Si el dignatario cuya remoción se solicita es el Presidente, la convocatoria la ordenará la Junta Directiva o la mayoría de sus integrantes con exclusión de aquel, o en su defecto el Fiscal. Si es el Secretario General, la Junta Directiva designará un secretario ad hoc.

Traslado y defensa. El Secretario General correrá traslado escrito de la solicitud al dignatario, quien dispondrá de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos, aportar y solicitar pruebas. Los descargos podrán rendirse por escrito o verbalmente en la Asamblea.

Instrucción. Instalada la Asamblea, esta remitirá el caso a la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior, la cual practicará las pruebas, garantizará el derecho de defensa y rendirá informe dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Si dicho organismo no existiere, o no avocare conocimiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío, o no rindiere el informe dentro del plazo señalado, se entenderá agotada esa instancia y la instrucción la adelantará la Comisión de Convivencia y Conciliación de la JAC, integrada exclusivamente por miembros sin impedimento.

Decisión. Recibido el informe, el Presidente —o quien haga sus veces conforme al literal b)— convocará una segunda Asamblea General, la cual decidirá instalada con no menos de la mitad más uno de los afiliados activos y con el voto afirmativo de la mayoría de los afiliados con que se instaló. La votación será secreta. La decisión será motivada y constará en acta.

Notificación e impugnación. La decisión se notificará en la misma sesión o dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes por los canales oficiales. Contra ella procede demanda de impugnación conforme al Capítulo XX.

Efectos. En firme la remoción, la vacante se proveerá conforme al artículo 34 y se comunicará a la entidad de IVC.

El régimen disciplinario se rige por los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, contradicción, proporcionalidad, favorabilidad, doble instancia y non bis in idem, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

Son causales de sanción disciplinaria:

1. El incumplimiento de las obligaciones estatutarias y legales.
2. La apropiación, retención o uso indebido de bienes, fondos, documentos, sellos o libros de la JAC.
3. El manejo irregular de recursos de convenios, contratos o proyectos.
4. El uso del nombre o de los símbolos de la organización para campañas políticas partidistas o para beneficio personal.
5. La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas del órgano al que pertenece.
6. La inasistencia injustificada a tres (3) asambleas generales dentro de un mismo año calendario.
7. La omisión o falsedad en la declaración de incompatibilidades del parágrafo 1 del artículo 27.
8. La agresión física o verbal, el hostigamiento o el trato irrespetuoso hacia afiliados o dignatarios, incluidos los cometidos por medios digitales o en los canales oficiales de la JAC.
9. La suplantación de otro afiliado o el uso indebido de sus credenciales de acceso en una sesión virtual.
10. La divulgación no autorizada de datos personales de afiliados obtenidos en ejercicio de un cargo.
11. La presentación de solicitudes disciplinarias o de remoción manifiestamente infundadas o temerarias, en los términos del parágrafo del artículo 88.
12. Cualquier otra conducta contraria a la ley, a los Estatutos o a la convivencia comunitaria.

Según la gravedad de la falta, el grado de culpabilidad, el daño causado y los antecedentes del investigado, podrán imponerse:

1. Amonestación escrita, que se anotará en el Libro de Registro de Afiliados.
2. Suspensión de la afiliación hasta por doce (12) meses. El afiliado suspendido no podrá ejercer sus derechos ni se computará para efectos de quórum.
3. Desafiliación por un término de uno (1) a treinta y seis (36) meses.
4. Solicitud motivada de remoción del cargo ante la Asamblea General, que se tramitará conforme al Capítulo XVIII.

Competencia. Conoce en primera instancia la Comisión de Convivencia y Conciliación de la JAC respecto de los afiliados que no ostenten la calidad de dignatarios. Tratándose de dignatarios, y conforme al literal d) del artículo 50, al literal a) del artículo 53 y al artículo 56 de la Ley 2166 de 2021, la primera instancia corresponde a la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior o, en su defecto, a la entidad de IVC, ante la cual la Comisión de la JAC remitirá las diligencias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la queja.

Procedimiento:

Iniciación. De oficio o por queja escrita de cualquier afiliado, presentada por medio físico o digital.

Pliego de cargos. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la queja o al auto que ordena la apertura oficiosa, la Comisión formulará pliego de cargos escrito, con relación de los hechos, las normas que se estiman violadas y las pruebas, y lo remitirá al investigado a la dirección física, al correo electrónico o al número móvil registrados. En el mismo acto se señalará fecha y hora para descargos.

Descargos. El investigado dispondrá de diez (10) días hábiles para rendir descargos, por escrito o verbalmente, aportar pruebas y solicitar las que estime pertinentes. La no presentación de descargos no se apreciará como indicio en su contra y no exime a la Comisión del deber de probar la falta.

Pruebas. Las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio se practicarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, prorrogables por otros diez (10) mediante decisión motivada.

Fallo. La Comisión decidirá por mayoría, mediante fallo motivado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del período probatorio, y lo notificará al interesado por los canales oficiales.

Recursos. Contra el fallo proceden los recursos de reposición, ante el mismo órgano que lo profirió, y de apelación, que se surtirá ante la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior cuando la primera instancia la haya adelantado la Comisión de la JAC, y ante la entidad de IVC cuando la primera instancia la haya adelantado la Comisión del organismo de grado superior. Se interponen por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. El órgano que profirió el fallo dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolver la reposición o para remitir la apelación.

Firmeza y registro. En firme la sanción, se anotará en el Libro de Registro de Afiliados y se comunicará a la entidad de IVC.

Son impugnables:

1. La elección de dignatarios de la JAC.
2. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General y por los demás órganos de dirección, administración, vigilancia y conciliación de la JAC.

Son causales de impugnación:

1. Vicios en la convocatoria, por omisión de alguno de sus requisitos, por falta de anticipación, por no haberse difundido por los canales previstos o por su modificación posterior en los términos del parágrafo 4 del artículo 20.
2. Falta de quórum deliberatorio o decisorio, o de la mayoría exigida para la decisión.
3. Violación del derecho de participación, deliberación o voto de uno o más afiliados, incluida la exclusión indebida de la sesión virtual o la privación efectiva del derecho a participar y votar por falta del punto de conexión asistido.
4. Adopción de decisiones sobre asuntos no incluidos expresamente en el orden del día.
5. Incumplimiento de los requisitos de validez de la sesión virtual o mixta previstos en el artículo 43.
6. Violación de la Constitución, la ley, estos Estatutos o los reglamentos, incluido el desconocimiento del procedimiento electoral del Capítulo XVII.
7. Inhabilidad, incompatibilidad o falta de requisitos del elegido al momento de la elección.

Legitimación. Podrá presentar la demanda de impugnación cualquier afiliado activo. Tratándose de la impugnación de la elección de dignatarios, la demanda deberá ser suscrita por un mínimo de cinco (5) afiliados activos.

Término. La demanda deberá presentarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la elección o a la comunicación de la decisión impugnada.

Contenido. La demanda contendrá: relato cronológico de los hechos; descripción de la causal invocada con indicación de las normas que se estiman violadas; dirección física, correo electrónico y teléfono para notificación de demandantes y demandados; y nombre, identificación y firma de quienes la suscriben. Se anexarán copia del acta respectiva —o manifestación de que no fue entregada— y certificación de la condición de afiliado de los impugnantes, expedida por el Secretario General, el Fiscal o el Tribunal de Garantías Electorales.

Conforme al literal d) del artículo 50 y al literal a) del artículo 53 de la Ley 2166 de 2021, y al artículo 2.3.2.1.2.2.2 del Decreto 1066 de 2015:

• Primera instancia: la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior. El fallo deberá expedirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes al momento en que se avoque conocimiento.
• Segunda instancia: la entidad de IVC.

La reforma de estos Estatutos deberá ser aprobada por la Asamblea General instalada con no menos de la mitad más uno de los afiliados activos y con el voto afirmativo de por lo menos los dos tercios (2/3) de los afiliados presentes, conforme al literal e) del artículo 32 de la Ley 2166 de 2021.

La propuesta de reforma deberá incluirse expresa y literalmente en el orden del día de la convocatoria, y el texto propuesto se pondrá a disposición de los afiliados por los canales oficiales con no menos de quince (15) días calendario de antelación.

Los presentes Estatutos derogan los aprobados en Asamblea General del 7 de octubre de 2012 y cualquier disposición anterior que les sea contraria, a partir de su inscripción ante la entidad de IVC.

La disolución requerirá el mismo quórum y la misma mayoría calificada del artículo 80. La disolución decretada por la propia organización requiere para su validez la aprobación de la entidad de IVC. En el mismo acto se nombrará liquidador o, en su defecto, lo será el último representante legal inscrito.

Liquidación. El liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación, dejando entre uno y otro un lapso de quince (15) días calendario, informando sobre el proceso e instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. Quince (15) días calendario después del último aviso se procederá así: primero se reintegrarán al Estado los recursos oficiales; luego se pagarán las obligaciones con terceros observando la prelación legal de créditos. El remanente no podrá distribuirse entre los afiliados y pasará al organismo comunal que determine la Asamblea General dentro del radio de acción, al organismo comunal de grado superior o, en su defecto, al organismo gubernamental de desarrollo comunitario del lugar.

Toda actuación de un dignatario se documentará y conservará. La documentación cumple una doble función: permite el control por parte de los afiliados y constituye el medio de prueba de la diligencia del dignatario.

En consecuencia:

1. Todo acto, contrato, convenio, orden de gasto, autorización, delegación e informe constará por escrito o en mensaje de datos y se incorporará al archivo de la JAC.
2. Toda instrucción impartida a un dignatario por la Asamblea General o por la Junta Directiva constará en el acta respectiva. El dignatario podrá exigir que la instrucción se consigne por escrito antes de ejecutarla, y su negativa a actuar mientras ello no ocurra no constituye falta.
3. El dignatario que ejecute una decisión colegiada válidamente adoptada dejará constancia de ello en el documento correspondiente, con indicación del acta que la contiene.
4. Todo dignatario y todo exdignatario tiene derecho a obtener, en cualquier tiempo y a costa de la JAC, copia íntegra de los documentos y actas relativos a su gestión, incluso después de terminado su período y aunque exista conflicto pendiente. Este derecho no puede ser negado ni dilatado y su desconocimiento es causal de sanción conforme al Capítulo XIX. La entrega se hará con supresión o anonimización de los datos personales de terceros no necesarios para acreditar la gestión, en los términos del literal d) del artículo 59 y del parágrafo 2 del artículo 46; esta salvedad no autoriza a negar ni a dilatar la entrega.
5. La JAC conservará el archivo de cada período por un término no inferior a diez (10) años contados desde la terminación del respectivo período.

Con el fin de que ningún dignatario deba actuar sin cobertura, la Asamblea General podrá otorgar, en la sesión en que apruebe el presupuesto y fije las cuantías, o en cualquier otra reunión en que así se incluya expresamente en el orden del día, autorizaciones generales y anticipadas para categorías determinadas de actos que se repitan durante la vigencia, señalando su objeto, su límite de cuantía y su duración, que no excederá la respectiva vigencia.

Podrán ser objeto de autorización general anticipada, entre otros: la apertura de cuentas o subcuentas destinadas exclusivamente a convenios y proyectos; la postulación a convocatorias y fondos; la suscripción de convenios marco sin contraprestación económica; la contratación de servicios públicos, seguros y mantenimiento ordinario de la sede; y la adquisición de bienes fungibles de uso corriente.

Cuando un dignatario estime que una instrucción, decisión o encargo proveniente de la Asamblea General, de la Junta Directiva o de cualquier órgano resulta contrario a la Constitución, a la ley, a estos Estatutos o a los reglamentos, deberá abstenerse de ejecutarlo y formulará objeción escrita y motivada ante el órgano que lo impartió, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

El órgano resolverá la objeción de manera motivada en su siguiente reunión. Si insiste en la instrucción y el dignatario mantiene su objeción, el asunto se someterá a concepto de la entidad de IVC o del organismo comunal de grado superior antes de su ejecución. Si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la solicitud no se emite concepto, el órgano podrá ejecutar la decisión bajo su exclusiva responsabilidad, dejando constancia en el acta.

La JAC asumirá, con cargo a sus recursos propios y cuando la Asamblea General así lo autorice, los costos de la defensa jurídica del dignatario o exdignatario que sea vinculado a una investigación o proceso disciplinario, fiscal, administrativo, civil o penal por hechos derivados del ejercicio de su cargo, siempre que haya actuado dentro de sus facultades estatutarias y en ejecución de decisiones válidamente adoptadas. Estos costos no constituyen gastos de representación del artículo 35, no se imputan al tope del literal b) de ese artículo y no generan ingreso ni beneficio personal para el dignatario.

Al terminar su período, en la oportunidad prevista en el parágrafo del artículo 24, o al cesar en el cargo por cualquier causa, caso en el cual la entrega se hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la cesación, el dignatario entregará mediante acta los libros, archivos, bienes, claves de acceso y saldos a su cargo.

El acta de entrega será suscrita por el dignatario saliente, por el entrante y por el Fiscal, y contendrá el inventario detallado de lo entregado y las observaciones que cualquiera de ellos formule.

En todo procedimiento disciplinario o de remoción, además de las garantías de los Capítulos XVIII y XIX, el dignatario o afiliado investigado tiene derecho a:

1. Conocer desde el inicio los hechos imputados, las normas que se estiman violadas y las pruebas que obran en su contra.
2. Acceder al expediente completo y obtener copia de él a costa de la JAC.
3. Ser asistido por un abogado o por un afiliado de su confianza en todas las actuaciones.
4. Solicitar, aportar y controvertir pruebas, y a que las solicitadas se decreten o se nieguen mediante decisión motivada.
5. Que la investigación se adelante y decida dentro de los términos previstos, entendiéndose archivada de pleno derecho la actuación adelantada por los órganos de la JAC que exceda en más de tres (3) meses la sumatoria de los términos del artículo 76 o del artículo 72, según corresponda, salvo suspensión motivada por práctica de pruebas o la prevista en el parágrafo 4 del artículo 76. El archivo de pleno derecho no impide una nueva actuación dentro del término de caducidad del parágrafo 2 del artículo 76. Tratándose de actuaciones que conforme al artículo 76 correspondan al organismo comunal de grado superior o a la entidad de IVC, el vencimiento de los términos se hará constar y se pondrá en conocimiento de la autoridad competente, sin que de él se derive archivo automático.
6. Que no se le juzgue dos veces por el mismo hecho.
7. Que la duda razonable se resuelva a su favor.
8. Continuar ejerciendo el cargo mientras la decisión no se encuentre en firme, salvo suspensión ordenada por autoridad competente.
9. Que la decisión sea motivada y notificada personalmente o por los canales oficiales, con indicación de los recursos que proceden.

En todo lo no previsto expresamente se aplicarán la Ley 2166 de 2021, el Decreto 1066 de 2015 en la parte sustituida por el Decreto 1501 de 2023 y modificada por el Decreto 1162 de 2024, la Ley 753 de 2002, la Ley 1551 de 2012, la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 398 de 2020, el Decreto 1074 de 2015, la Ley 2294 de 2023, la Ley 23 de 1991, el Código Civil, el Código General del Proceso, el CPACA y las demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

En caso de duda interpretativa se preferirá la lectura que mejor garantice, en su orden: (i) la sujeción a la Constitución y a la ley; (ii) el derecho de participación, deliberación, voto y fiscalización de los afiliados; y (iii) el cumplimiento eficaz de los fines comunitarios de la organización.

Si alguna disposición de estos Estatutos fuere declarada nula, ilegal o inaplicable por autoridad competente, las demás conservarán plena validez. La disposición afectada se entenderá sustituida de pleno derecho por la norma legal o reglamentaria correspondiente.

Estos Estatutos entran en vigor a partir de su inscripción ante la entidad de IVC, conforme al artículo 78 de la Ley 2166 de 2021.